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lunes, 28 de marzo de 2011

A dos meses de las elecciones...

Esta mañana el diario Público traía la última encuesta electoral. Publiscopio comienza a ser uno de los indicadores referentes para aquellos que seguimos las tendencias electorales asiduamente.




El primer dato relevante que observamos es que a celebrarse elecciones a día de hoy, el Partido Popular ganaría con una amplia ventaja (43.5% del PP frente al 30.2% del PSOE), algo que viene siendo una constante desde Marzo del 2009. Sin embargo la distancia entre los dos grandes partidos se ha reducido, aunque de manera insustancial, separándoles este mes 13.3 puntos de estimación de voto frente a los 13.7 del mes pasado. Ambos caen en la estimación de voto. Esto puede deberse a varios factores entre ellos:

- El Partido Popular ha tocado techo entre su electorado, encontrándose este alrededor del 45% de la intención de voto. Es dificil que este partido pueda crecer mucho más. Su electorado es de los más fieles de España, quizá el que más y por esa razón la mayoría de las veces siempre obtiene unos resultados electorales muy similares. Por otro lado la figura de Rajoy puede no dar más de sí y la desidia que se siente frente a Zapatero no se canalice en intención de voto hacia el PP desde el PSOE, sino que vaya a otras formaciones como Izquierda Unida o Unión Progreso Y Democracia.

- El Partido Socialista no remonta debido al agotamiento que sufre Zapatero. La figura del Presidente sigue siendo un lastre, estando peor valorado que Rajoy (3.5 y 4.3 respectivamente), y solo su salida del PSOE y colocar a una cara nueva al frente de esta formación (aunque fuése la de Rubalcaba)supondría un aumento de la intención de votos de manera segura. El descrédito de Zapatero tanto nacional como internacional es el principal factor que puede hacer al PSOE hundirse todavía más, a expensas de la resolución del Caso Faisán, que en caso de salpicarle puede restarle bastante credibilidad y legitimidad.

SI observamos la imagen, más abajo podemos ver como Izquierda Unida (IU) es la fuerza que más sube en un mes, sobre todo por la vuelta de voto desde el PSOE, luego Unión Progreso y Democracia (UPyD que aumenta un punto intermensual y solo después el Partido Nacionalista Vasco aumenta su estimación de voto en una décima.
Esquerra Republicana (ERC) sigue manteniendo un mal resultado bajando su intención de voto de 0.9 a 0.6, mientras que otras formaciones como Convergencia i Unió (CiU) desciende una décima (de 3.8 a 3.7) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) sigue manteniéndose con el mismo resultado (1.3)

El panorama electoral no cambia a grandes rasgos. El multipartidismo polarizado sigue imperando y en caso de trasladarse a las municipales algunos de los indicios de esta encuesta en clave nacional, el voto del castigo al PSOE en las autonómicas y municipales de Mayo (como elecciones de segundo grado), puede ser determinante en aquellos territorios donde siempre ha existido una ventaja ajustada por alguno de los dos partidos.

Seguiremos observando...

jueves, 27 de enero de 2011

Nos mean y encima tenemos que decir que llueve...

Dicen que lo de ser revolucionario, va con la edad.... En verdad no creo que vaya tanto con la edad (y lo digo yo que soy jóven), sino con los contínuos atropellos que se producen desde la clase política y otras instituciones constitucionalmente institucionalizadas (valga la redundancia) como los sindicatos o las entidades financieras. Me explico.

Elevar o no la edad obligatoria de jubilación, esa es la cuestión. Esta es la cuestión que se ha estado debatiendo durante las últimas semanas en tertulias radiofónicas, televisivas, Comisiones Parlamentarias y el propio Pleno del Congreso de los Diputados.
Unos dicen que son medidas necesarias por el aumento de la esperanza de vida (que no de la calidad de vida) de los españoles, otros porque el sistema de pensiones no sería viable de aquí a veinte años, otros esgrimen la posibilidad alternativa de fondos de pensiones privados para complementar las pensiones de jubilación, uno de los pilares fundamentales del Estado de Bienestar. Todo tipo de razónes plausibles se nos han dado para modificar esta edad de jubilación. Todo tipo de razones fundamentadas siempre en la estaticidad, es decir, en la inmutabilidad de que sean los trabajadores y las clases más desfavorecidas los que siempre carguen con las principales reformas que tienen como función "salvaguardar" la estabilidad presupuestaria. Una más de tantas.

Me resulta asqueante que tanto los sindicatos, como la mayoría de los políticos, sobre todo los de los dos grandes partidos "nacionales" (cada día dudo más que pueda aplicárseles tal calificativo ya que ni tienen vocación nacional al tener cada uno sus propias sucursales e intereses territoriales, asi como haber hecho de la democracia una partitocracia)vean como una medida exitosa un serio recorte de derechos de los trabajadores (otro más de los muchos que llevamos).




Echemos cuentas. Si para jubilarse a los 65 años una persona debe haber cotizado 38.5 años, el resultado es tener que comenzar a trabajar a los 26 años y medio. Sin embargo aquí entra otro factor, y bastante importante a tener en cuenta desde mi punto de vista, que impedirá que todo aquél que no haya empezado a trabajar antes de esas edad pueda jubilarse a la misma edad que nuestros abuelos, abuelas, padres y madres: El desempleo juvenil.
Si el paro entre los menores de 30 años es de aproximadamente del 50%, diganme señores políticos que persona que haya realizado estudios universitarios, incluyendo mínimo un master y pasando de curso por año, va a poder jubilarse a los 65 años. ¿Quién? Se lo diré yo, ninguno.
La volatilidad laboral así como la precariedad de los contratos para jóvenes hará que está medida sea redonda para las arcas estatales, ya que una escasa minoría tendrá trabajo de manera continuada desde esa edad hasta su jubilación. Eso teniendo en cuenta que no quieran realizar un doctorado en otro Estado para poder cualificar aún más su fuerza de trabajo y dotar de mayor valor añadido su fuerza de trabajo.

Esto también explíqueselo a aquellos trabajadores que dentro de unos años, por las cíclicas crisis de la economía capitalista se vean abocados al desempleo durante un tiempo, que esperemos sea mucho menor al que muchisimas personas llevan desempleadas durante esta. Suma y sigue.



Como he dicho, esto es un negocio para las arcas del Estado, esas arcas que llenamos los trabajadores y pequeños y medianos empresarios en gran medida, pero cuyos fondos terminan pagando pensiones vitalicias de expresidentes; pensiones privilegiadas como las de diputados y senadores; coches oficiales para cualquiera que tenga el ego suficiente para considerarse el ombligo del mundo, desempeñando un cargo discreccional de la administración estatal, autonómica o local; subvenciones millonarias para unos sindicatos que no representan ni defienden a los trabajadores (sino diganme que tasas de afiliación poseen en relación a la población activa y empleada); así como rescates millonarios para la banca. Que millones para rescatar bancos y cajas de amiguitos si tenemos, pero para mejorar las pensiones de trabajadores que han estado toda su vida trabajando y ganando una miseria, tenemos que exprimir a los futuros pensionistas hasta la última gota de tuétano.

Siempre terminamos pagando los mismos, siempre terminamos resignándonos a las decisiones que se toman desde una burbuja cada día más alejada del ciudadano de a pie de calle. Pero espero que llegue un día en que los ciudadanos dejen de ser masas de carne alienadas por el futbol, la Esteban y facebook o tuenti y salgan a la calle por lo que de verdad importa (no que ganemos el mundial de futbol), los derechos de las personas.

Nos mean y encima tenemos que decir que llueve....

sábado, 11 de diciembre de 2010

Debates y oradores

Muchas veces resulta particularmente tedioso el escuchar a muchos de los políticos que dicen representarnos a todos los españoles en el Congreso de los Diputados, así como en otros medios de comunicación (que no digo que el Pleno del Congreso sea un plató más de teatralización de las posturas políticas) como puedan ser las tertulas y entrevistas televisivas o los debates en la radio.
Sin embargo de vez en cuando los debates dialécticos nos deja perlas que nos animan a seguir creyendo que la desidia y pasotismo sobre su función de representación de muchos de los diputados o la defensa de unos intereses particuales y no generales, no sigue siendo un contínuo. En esto era un experto el fallecido labordeta.



Esta semana varios medios de comunicación han calificado como una de las mejores actuaciones del Jefe de la Oposición durante sus años de parlamentario. Su utilización de las palabras del actual Vicepresidente primero y Ministro de Interior para referirse al compañero de este, José Blanco, ha sido una treta que ha animado el debate político en el hemicilo.



Sin embargo esta legislatura también ha dejado otras joyas de la dialéctica. Un ejemplo claro de estas son las de la diputada de Unión Progreso y Democracia en referencia a la normalización lingüística que se está llevando en varias Comunidades Autónomas. Este debate se produjo durante el debate de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), para garantizar la enseñanza del castellano y en castellano en todas las etapas educativas presentada por el Grupo Parlamentario Popular (Num. Exp 122/000129).
No he podido encontrar el video en YouTube, pero en el Archivo Audiovisual del Congreso de los Diputados puede verse este debate, a partir del minuto de reproducción del vídeo 00:58:00, donde comienza la ponencia del diputado del Grupo Popular, en el minuto 01:13:45 una de las defensas más agerridas del catalanismo excluyente por parte del diputado "nacional" Joan Tardá, al menos de las más sonadas que ha tenido. No entraré en las consideraciones de este dircurso que realiza el diputado de ERC, daría para bastantes hojas... solo en algunas partes de su discurso cambien las palabras catalanofobia o españolismo por diferente a lo catalán y catalanismo. Aunque en otros puntos de su discurso podemos estar más o menos de acuerdo con él, pero no justificando la conculcación de derechos, basada en injusticias del régimen fascitas y dictatorial previo a la Transición.
En el minuto 01:48:10, posterior a la ponencia de Uxue Barcos, la diputada de UPyD hace una defensa de lo común, no de los intereses de un sector de la población para imponer a otra, hacer lo que se hizo sobre ellos, como represalia y conculcación de derechos por los sentimientos de la clase política.
Aquí dejo el link de la Sesión Plenaria del 28/04/2009. A empaparse un poco del debate en el Congreso de los Diputados.

viernes, 12 de noviembre de 2010

La responsabilidad irresponsable

Estos últimos días la problemática del conflicto saharaui se ha acrecentado con la desmantelación del campamento Agdaym Izik saharaui por parte del Gobierno marroquí a través de su ejército y parte de la población. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sabía de la desmantelación por la fuerza de este campamento y acorde con su política de “apaciguamiento” sobre Marruecos durante la legislatura y media que llevamos, dejó hacer a este a su antojo. ¿Por qué?

El Conflicto Saharaui: ¿Responsabilidad Española?
La historia del conflicto saharaui comienza en 1884, en la Conferencia de Berlín, cuando el territorio del Sáhara Occidental es concedido a España en el reparto de tierras africanas por las potencias colonizadoras Europeas.  Posteriormente se le agregaría el territorio de Ifni en 1920 para en 1969 ser devuelto este a Marruecos.  En 1957 el Sáhara Occidental se configuraría como una provincia española, apareciendo como tal en muchos de los libros de texto que algunos de los lectores utilizasen en su infancia.
El proceso descolonizador había comenzado por todo el globo a finales del siglo XVIII, siendo la independencia de las 13 colonias americanas considerada por muchos autores como la primera descolonización, aunque no pacífica ni gestionada políticamente. Siendo en 1967 cuando la ONU plantea la descolonización del Sáhara Occidental a España. Sin embargo la disputa entre Marruecos, Mauritania y Argelia sobre el territorio saharaui paraliza el proceso.

El Frente Polisario, sucesor del Movimiento de Liberación Nacional del Sáhara creado en 1960 y que desaparecería en 1970 debido a la represión franquista en la zona, se crearía en el 1973 con el propósito de alcanzar la independencia del territorio saharaui bajo dominio español declarando un alto el fuego a principios de los años 90.
Su lucha comienza como guerra de guerrillas, la primera organizada en el desierto y a gran escala. Sin embargo la situación varía cuando el 16 de Octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya expresa que Marruecos no tiene ningún derecho histórico sobre el territorio saharaui, en todo caso Mauritania de la siguiente manera:

“Los materiales e información presentadas al Tribunal muestran la existencia, en el momento de la colonización española, de vínculos jurídicos de vasallaje entre el Sultán de Marruecos y algunas de las tribus que viven en el territorio del Sáhara Occidental. Igualmente, muestran la existencia de derechos, incluidos derechos sobre la tierra, que constituyen vínculos jurídicos entre la entidad mauritana, tal como la entiende el Tribunal, y el territorio del Sáhara Occidental. De otro lado, la conclusión del Tribunal es que los materiales e información presentadas a él no establecen ningún vínculo de soberanía territorial entre el territorio del Sahara Occidental y el reino de Marruecos o la entidad mauritana. Por tanto, el Tribunal concluye que no ha encontrado vínculos jurídicos de tal naturaleza que puedan afectar a la aplicación de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General a la descolonización del Sáhara Occidental y, en particular, al principio del autodeterminación a través de la libre y genuina expresión de la voluntad de los pueblos del territorio…”

Esto suponía un serio revés para los planes de la dinastía alauí para su proyecto de Gran Marruecos, por lo que el 6 de Noviembre de 1975, cuando la crisis política en España se acrecienta por el estado de salud del dictador, se produce la denominada “Marcha Verde”. Una columna de 350.000 ciudadanos y 25.000 soldados que orquestados por Hassan II, intentan aprovechar la debilidad española para anexionarse el territorio saharaui. Esta quedaría tras el campo de minas que el contingente militar español desplegaría por la frontera, muchas de las cuales todavía siguen bajo tierra mutilando y asesinado a civiles inocentes. Sería el 14 de Noviembre de 1975, cuando Franco se encontraba ya incapacitado para ejercer el poder en la dictadura, cuando se firman los Acuerdos de Madrid, una Declaración de Principios de Marruecos, España y Mauritania sobre el Sáhara Occidental, un tratado internacional que constaba de varios anexos secretos.


El precio de la cesión de la soberanía sobre el territorio del Sáhara Occidental fue la entrega a Marruecos, sin compensación alguna, de todas las instalaciones para la explotación y exportación de fosfatos, así como el 65% de las acciones de la empresa Fos Bu Craa, que explotaba el preciado mineral (el resto quedaba en manos del Instituto Nacional de Industria español). Por su parte, Marruecos convino en permitir que 800 barcos españoles faenasen durante 20 años en las condiciones que tenían en 1975... Jurídicamente, se acordaba la delimitación de las aguas españolas en el Atlántico occidental. Por lo que incumbe al plano político, Rabat se comprometía a renunciar a la reivindicación de Ceuta y Melilla. Sin embargo, vemos que nada de esto se ha cumplido. Una vez más las potencias o Estados más potentes despedazan a las colonias para extraerlas hasta el último tuétano de vida o utilizarlas de marionetas en sus intereses nacionales.

En esta Declaración se crea una administración conjunta del territorio saharaui compuesta por Mauritania, Marruecos, España (hasta el 28 de Febrero de 1976, cuando abandonaría toda responsabilidad sobre este territorio). Apenas un mes después, las Naciones Unidas a través de la Resolución 3458B  determina el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, otorgando a España a “como potencia administradora, y con el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, adopte las medidas necesarias para la supervisión del acto de libre determinación”. Siendo por tanto responsabilidad de España en materia de Derecho Internacional establecer las condiciones necesarias para la realización del referéndum de autodeterminación.

En 1975 la ONU reconocerá al Frente Polisario como organización y en 1976 se proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) desde Tifariti, territorio no controlado por Marruecos. Siendo reconocido como Estado por 85 Estados, la mayoría sudamericanos o africanos.

En 1979 Mauritania, único Estado con derecho a reclamar la soberanía sobre ciertos territorios del Sáhara Occidental, rechaza su derecho a ejercer esta reclamación, pero esta nueva parte de la RASD no es reconocida por Marruecos que se la anexiona.
Desde entonces, el Sáhara Occidental es un territorio controlado de facto pero no de iure por Marruecos.

En 2002 el Sáhara Occidental continuaría en la lista de territorios pendientes de descolonizar de la ONU.



Las hemorragias de la tierra.
Eduardo Galeano en su libro “Las venas abiertas de América Latina” nos cuenta como las potencias Europeas (Estados del núcleo o centro en la teoría del Sistema-Mundo de Emmanuel Wallerstein) se aprovecha de los territorios de ultramar (de la periferia en esta misma teoría), permitiendo que Europa, y sobre todo Reino Unido lleven a cabo el proceso de acumulación de capital necesario para desarrollar la Revolución Industrial.

Desde la Transición española el problema del Sáhara Occidental ha estado presente en la sociedad española, aunque cada día por desgracia más escondido. Este ha ido pasando desapercibido hasta que la situación se ha vuelto incontrolable y Marruecos quiere su parte del pastel. Ya hemos visto como los Acuerdos de Madrid poseían un trasfondo económico que no querían que se supiese, pero solo en relación a los fosfatos. Y como podremos pensar muchos: pobre de aquel país pobre que posea petróleo, pues los carroñeros extraerán hasta la última gota haciendo del desarrollo de unos, el subdesarrollo de otros.
Es bien conocida la existencia de importantes bolsas de petróleo, casi todas ellas se encuentran en la zona ocupada de Marruecos y explotada por empresas internacionales sin que la RASD pueda hacer nada por evitarlo, así como numerosos yacimientos de fosfatos, sobre los que el gobierno de Marruecos guarda un hermético silencio. Este podría ser un capítulo más de “Las venas abiertas de América Latina” de Galeano si el Sáhara Occidental se encontrase al otro lado del “charco”.



¿Debe la Seguridad Nacional condicionar el Derecho Internacional?
Este pregunta seguro que hace que nuestra mente se traslade a Afganistán o a Irak, conflictos armados, el primero acorde a resoluciones de la ONU, mientras que el segundo, una clara vulneración del Derecho Internacional, como guerras en nombre de la Seguridad Nacional o Guerras Preventivas en el caso de la segunda. Muchos ciudadanos claramente contrarios a ambas. Pero no solo en Irak España practica esta estrategia de vulnerar o ignorar el derecho internacional “por la Seguridad Nacional”.

Los intereses de Marruecos en el Sáhara Occidental quedan claros, pero ¿Y los de España?
Como decía, desde la Transición este problema ha pasado desapercibido en la opinión pública española, así como en su clase política. Solo pequeñas formaciones políticas como IU en un principio (aunque luego perdiera bastante fuerza en este conflicto) y UPyD, desde su creación en Septiembre de 2007 han apoyado de forma clara el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental.
¿Pero y los grandes partidos? El PP como descendiente de aquellos mismos que firmaron los Acuerdos de Madrid, así como el PSOE con su actitud apaciguadora sobre Marruecos dejan de lado el problema.
Nuestro país, que se considera por su Presidente del Gobierno un adalid en lo que a defensa de derechos humanos respecta y al diálogo con otras civilizaciones, ignora casi por completo el problema, incluso no hemos reconocido a la RASD como Estado.

Un ejemplo claro es que sabiendo que la desmantelación por la fuerza del campamento del lunes pasado iba a realizarse,  Zapatero mandó a su Ministra de Asuntos Exteriores a América Latina, a visitar la rodilla del señor Morales. El Presidente ha tenido que mandar a posteriori al anterior Ministro de Asuntos Exteriores a Argelia a mediar en el conflicto (¿Para qué le destituyó entonces? ¿Recompensa para Trinidad por su derrota en Madrid?).



A mi juicio España, al menos actualmente el Gobierno, no apoya decididamente la autodeterminación del Sáhara por dos motivos fundamentales:
-    Parte de la energía que consumimos en España proviene de Marruecos a través de gaseoductos, por lo que en una isla energética como es nuestro país, un corte del suministro gasístico por parte de Marruecos supondría apagones en gran parte de la península.
-    El terrorismo internacional. Al-Qaeda asentada en el Magreb, se está convirtiendo en fuente de acciones terroristas en la zona del sahel. Claro ejemplo de ello es el secuestro de los cooperantes españoles en Noviembre de 2009. Un Sáhara Occidental independiente, con una fuerza militar escasa, en un territorio mayoritariamente desértico y por tanto, difícilmente controlable sería una “cesión de territorio” al terrorismo internacional. Frente a la potencia armamentística marroquí y al control férreo de la monarquía alauí sobre su territorio, que no permitiría que esto sucediese.

Estos dos pretextos son a mi juicio los principales problemas que afectan a la capacidad o mejor dicho, responsabilidad internacional que posee España para con el Sáhara Occidental.
Menos mal que la economía verde de Zapatero, y la Alianza de Civilizaciones solucionarán estos problemas (aunque no creo que a corto plazo).

Hasta entonces los saharauis seguirán sufriendo bajo el régimen marroquí. Desde España debemos dejar clara una cuestión importante tanto a nuestros dirigentes como a la Comunidad Internacional:

Sáhara Libre

domingo, 10 de octubre de 2010

El riesgo de elegir

Hace una semana exactamente, el Partido Socialista de Madrid (PSM) elegía a su candidato tanto para el Ayuntamiento de Madrid, como para la Presidencia de la Comunidad Autónoma. Lizabesky y Gómez. El primero con un amplio historial a sus espaldas, siendo la Secretaría de Estado para el Deporte su última ocupación, mientras que el otro se ha dedicado a ser el Secretario General del PSM durante los últimos años, tras dejar la alcaldía de Parla.


Este mes otro partido tiene sus elecciones primarias para elegir a los candidatos para múltiples municipios y la presidencia de diferentes Comunidades Autónomas. Unión Progreso y Democracia realiza también elecciones primarias.

Existe un cierto debate sobre la conveniencia de realizar estos procesos intrapartidistas. Para unos, esto es un coladero donde los “trepas” de los diferentes partidos tienen la posibilidad de alcanzar las instituciones públicas (aunque no sea la única, sino miremos los miles de cargos de confianza de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y gobierno de España), para otros supone un aliciente para llevar la democracia a los ciudadanos, para fomentar la participación política de estos.

Realmente la cuestión no es si deben realizarse o no estos procesos, pues toda persona que crea en unos partidos que no terminen siendo partidos de “notables o cuadros”, a la antigua (aunque quizá no tanto, véase el Partido Popular), donde el líder actúa como monarca absoluto, su designio es inmutable. Nadie puede rebatirlo. Aquí si podría aplicarse esa frase atribuida a Alfonso Guerra de “quién se mueva no sale en la foto”.
Desde mi punto de vista es totalmente sano e incluso obligatorio por parte de los partidos políticos llevar a cabo procesos de elecciones primarias. Esto viene recogido de manera indirecta en la Constitución de 1978, en su artículo 6, donde expresa que “los partidos políticos…en su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.
Realmente es grande la hipocresía en algunos, recurren a la Carta Magna para defender numerosos puntos de su argumentario, sin embargo cuando les toca asumir otros, no se oye ruido alguno.

Retomando el tema. Estas elecciones primarias impiden que un partido político se convierta en una maquinaria de captación y elevación de solo unos pocos establecidos en sus cúpulas directivas u órganos de dirección a llevar a cabo no una “dictadura de partido”, sino una “dictadura en el partido”. Los partidos como instituciones subvencionados de manera mayoritaria por el erario público (quizá se asombrarían si viesen el dinero que estos reciben por parte de sus tasas de afiliación y cuánto reciben por subvenciones y otros fondos estatales), son un bien común. No sería gramaticalmente correcto decir que “son de todos” como muchas veces se aplica a todo servicio o institución pública, puesto que muchos de los que leéis este blog, seguramente no os sentiríais a gusto en alguno de los partidos arriba mencionados. Sin embargo, como elementos fundamentales del funcionamiento político del Estado, siendo los principales elementos de representación de los ciudadanos, los partidos políticos posee una importancia capital, tanto funcional como institucional.
Sin embargo hemos podido ver como con el avance de los años, los partidos se han convertido en organismos cooptado res de poder, capaces de mover los hilos de la política que solo a ellos les interesan, incluso despreciando muchas veces la voz de sus propios afiliados, e incluso de los ciudadanos de a pie de calle.

Estas elecciones primarias, no solo deberían realizarse para llevar a cabo la selección de las personas que encabezarán las listas a las elecciones, sino también para los Consejos de Dirección de todos los partidos. Es un mecanismo que impediría la perpetuación de la clase política. Sin embargo, como todo en la vida, nada es perfecto.
Las primarias pueden encumbrar desde interesados en alcanzar cargos públicos, siéndoles indiferentes de conque partido lo hagan y que ideas representen, como a ineptos (todos sabemos de más de un caso). Algunos partidos proponen para ello la necesidad de avales, como puede ser el caso del Partido Socialista Español (PSOE). Sin embargo si vemos la cantidad de avales que presentaron los últimos candidatos a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, más de 6000, no lleva a replantearnos hasta que punto cualquier afiliado de a pie, puede reunir tal cantidad de avales, encontrándose en clara desventaja con el establishment del partido. Por tanto no sería una democracia real y efectiva, sino una ilusión en la que pocos pueden participar.

Unión Progreso y Democracia por el contrario, no necesita avales, cualquier afiliado puede proponerse como candidato. Únicamente debe superar en votos a sus compañeros (que no contrincantes, aunque muchas veces la competición se transforme en muchos partidos en luchas donde todo vale) en las elecciones. Sin embargo el riesgo de que se presenten candidatos que solo anhelan ocupar un sillón durante cuatro años puede ser mayor. Pero creo que merece la pena correr ese riesgo.



¿Son por tanto las primarias tan beneficiosas para la democracia? Yo por mi parte las defiendo claramente, sin avales, con total libertad. Solo apelo a la responsabilidad y sentido común de los afiliados a los distintos partidos que las realizan para que no se cuele de nuevo ningún Maquiavelo cejipuntiagudo.

lunes, 27 de septiembre de 2010

La decisión es tuya

A un  día de la primera Huelga General que se realizará en las últimas dos legislaturas, la quinta desde el comienzo de la democracia, muchos ciudadanos, y sobre todo, muchos trabajadores no tienen claro si apoyar esta o no. Yo todavía tampoco.

La Huelga General convocada por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.), los principales sindicatos españoles, posee como lema “Así, no”, una huelga convocada primeramente contra la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno, pero que posee otras lecturas si profundizamos en varios de sus elementos.

La Reforma Laboral aprobada poseía varios puntos clave:
-    Contratos indefinidos con indemnización por despido improcedente de 33 días de salario por año trabajado como único modelo de contrato laboral indefinido, eliminando el contrato indefinido de 45 días de salario por año trabajado.
-    Una empresa puede despedir a un trabajador de forma “procedente” por motivos económicos, siempre y cuando alegue pérdidas o “disminución persistente (que no se aclara bien cuanto tiempo es) de su nivel de ingresos”.
-    Aumento de la flexibilidad interna en la empresa a través de la facilitación de reducción de jornadas, conllevando la reducción del salario del trabajador, que compensa esa pérdida salarial con parte de la prestación por desempleo. Se facilita además el descuelgue salarial por parte de las empresas.
-    Se da entrada a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), entidades privadas, en numeroso ámbitos, con la función de organizar, asesorar y colocar a los desempleados.

Aquí no entraremos en discusión sobre si esta Reforma Laboral es acertada o no, ese debate quizá ya pasó o incluso retorne con el tiempo. Ese es el motivo que los principales sindicatos, CC.OO. y UGT alegan para llevar a cabo esta huelga. Sin embargo esta Huelga General, se ha convertido en mucho más. Se ha convertido en un tira y afloja entre el Gobierno, los principales sindicatos, la oposición y los ciudadanos. Cuatro actores con distintos objetivos, con distintas motivaciones. La Huelga General no solo posee un frente de ataque hacia el Gobierno, sino que puede ser un arma de doble filo para los sindicatos, así como una herramienta más de desgaste hacia el Gobierno por parte de la oposición.



- Zapatero y la cohesión social:
Uno de las bondades que el Presidente ha pregonado durante sus dos legislaturas, y que por eso hasta entonces no se había llegado a una situación de Huelga General, ha sido la “cohesión y paz social”. Un diálogo constante tanto con sindicatos como con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), patronal, que ha marcado los pasos previos a la toma de decisiones relevantes en materia laboral, aunque en la decisión final el Gobierno no hiciese mucho caso a ninguna de las dos organizaciones en lo que a medidas se refiere.
Para el Gobierno, sobre todo para Zapatero y su “cohesión social”, esta huelga significa en primera instancia un fracaso de su política de cohesión, pero sobre todo un fracaso de su política económica, ya que los datos macroeconómicos no son nada halagüeños. Sin embargo el mazazo que reciba el ejecutivo dependerá en gran medida no tanto de la gente que no acudirá a trabajar, ya que los servicios mínimos están garantizados por Ley o en su defecto, Decreto Ley, sino por el apoyo ciudadano que la huelga perciba. De la cantidad de no solo trabajadores, sino de ciudadanos de todas las edades que acudan a las manifestaciones.
De ahí que esta huelga los sindicatos no solo hayan querido implicar a trabajadores, sino a los jubilados, a las amas de casa, a los estudiantes. Un seguimiento masivo de la huelga a pie de calle confirmaría, más aún, el descrédito y la impopularidad que ha cosechado el Gobierno por la gestión de la Crisis Económica.


- Los Sindicatos y su legitimidad como actores sociales:
Es bien sabido que el boom de las “descontrataciones”, como ahora se llama a los despidos, curioso esto de la perversión del lenguaje, se produce entre enero del 2008 y los primeros cuatro meses de 2009, destruyéndose más de un millón de empleos y llegando a superar los 3.500.000 desempleados registrados por el INEM (sin contar los que se encontraban haciendo cursos, que recordemos, no se contabilizan como parados). Es ciertamente, como definirlo, inquietante que durante un período en el que se han destruido más de un millón de empleos y la sangría de trabajadores parece no tener fin, los sindicatos que decían representarlos y defenderlos no se movilizan con cierta repercusión hasta Diciembre de 2009, cuando ya quedaba poco para alcanzar los 4.000.000 de parados, bajo el lema “Que no se aprovechen de la crisis, el trabajo lo primero, por el diálogo social”. Una manifestación que los sindicatos preveían multitudinaria pero que rozó unas cuotas de participación mucho menores de las esperadas. Esta manifestación ya dejó claro una fuerte disonancia entre sindicatos, trabajadores, parados y ciudadanos. Las críticas a los sindicatos llovían desde numerosos flancos. Su legitimidad como representantes de los trabajadores estaba en entredicho.
Es sin embargo en esta huelga, cuando los sindicatos juegan, no se podría decir que el todo o nada, pero si su legitimidad como actores sociales, su capacidad como futuros interlocutores con la suficiente fuerza como para influir en las decisiones que tome el gobierno, así como en la evolución del movimiento sindical español, pues claramente esta legislatura ha estado marcada por una creciente desconfianza y pérdida de imagen por parte de los sindicatos. Todo esto unido a las cuantiosas subvenciones recibidas por parte del Gobierno, que han conferido en ciertos sectores una imagen de “vendidos”, promovida sobre todo por la derecha conservadora.
Bien es sabido que si la convocatoria es un estrepitoso fracaso no habrá dimisiones a la vista, ningún español que ocupe cargo relevante y fracase en el intento lo hace, sin embargo el liderazgo de Cándido Mendez e Ignacio Fernandez Toxo quedaría en entredicho.

- La oposición y la huelga:
Ha sido claramente visible, sobre todo durante esta última legislatura la falta de ideas que posee el principal partido de la oposición en cuanto a iniciativas legislativas y reformas laborales (que no beneficien a un claro sector del binomio capital-trabajo, claro está), quizá porque parte de estas ya se estaban llevando a cabo por parte del Gobierno, espoleado por los indicadores económicos internacionales, la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es un tema interesante de reflexión, el cómo un Gobierno deja de lado su programa político para con los ciudadanos que lo eligieron (aunque indirectamente) por un programa político a favor de los organismos económicos internacionales, aunque estos, directamente no tengan nada que ver, aparentemente, con la continuidad del mandato. Sin embargo lo dejaremos para otro día.
El Partido Popular (PP) no apoya la huelga públicamente, eso dicen sus dirigentes de cara al ciudadano, esgrimiendo que “es perjudicial para el país que la recuperación económica se detenga en plena crisis”. Así por ejemplo Alicia Camacho la define como: “el principio del fin de Zapatero y Montilla” apartándose de esta y mostrando la Huelga General en todo caso, como una revuelta de la izquierda contra el Gobierno socialista y sus políticas, donde ellos no participan directamente, pero se frotan las manos porque el seguimientos sea generalizado
Cuanto mayor desgaste sufra el Gobierno de Zapatero, sobre todo si es por las bases a las que dice representar, mejor para Rajoy y los suyos. Un equipo que aún en la peor crisis económica de la historia de la democracia española, no es capaz de mostrar una imagen de alternativa clara y eficaz frente al “desgobierno” que sufre la nación.

Por otro lado Izquierda Unida (IU) se posiciona claramente a favor de esta Huelga General como organización, mientras que otros partidos tales como Convergencia i Unió (CiU) que entiende la huelga aunque no la comparte (claro ellos ayudaron a aprobar la Reforma Laboral), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que anda enredado en asuntos de casa entre los que destacan los tejemanejes de favores para volver a la Lehendakaritza así como con la resolución del conflicto vasco y su “Alderdi Eguna” y Unión Progreso y Democracia (UPyD) que deja al libre albedrío de sus seguidores el secundar esta huelga o no.



- Los ciudadanos y su derecho a la huelga:
Está recogido en la Constitución Española que cada ciudadano posee el derecho fundamental de huelga, siendo este tanto activo, es decir, a realizarla cuando crea conveniente, como pasivo, a trabajar cuando la huelga sea convocada. Por lo que sería importante matizar que la vulneración del derecho de huelga tanto imponiendo la realización de esta, como impidiéndolo sería un acto en contra de los derechos que emanan directamente de la Constitución de 1978, que aunque sea imperfecta, ¿Qué no lo es?, es la única que tenemos por el momento. Por eso desde aquí el respeto de los ciudadanos que deseen secundar la Huelga al derecho que tienen otros ciudadanos de no secundarla.



Los ciudadanos, ¡Hay los ciudadanos….! ¡Esa masa en que los partidos se sumergen en épocas electorales para no volver a bañarse en cuatro años! Ya he comentado anteriormente que el triunfo real de la Huelga General de mañana no se verá en la cantidad de comercios cerrados, que aunque visiblemente importante, manejable, pues cada institución dará la cifra que más le convenga, sino en el apoyo popular que las manifestaciones de las distintas provincias obtengan de los ciudadanos de toda clase. A ello se han dedicado los sindicatos durante los últimos días, a arengar a todas las clases sociales, a todas las edades para que se movilicen. Desde actores a jubilados, desde estudiantes a profesores, desde funcionarios a obreros. Todo apoyo cuenta ya que una participación y seguimiento de la Huelga escasos, debilitarían la posición de estos de forma considerable y fortalecería, o al menos desgastaría poco más, la imagen del ejecutivo.

Es aquí cuando entra en conflicto mi decisión sobre secundar o no la huelga. Tengo dos opciones a priori como ciudadano/a, el de apoyar a unos sindicatos que tanto yo como otros tantos miles de ciudadanos creemos que solo nos representan cuando representan los intereses de los trabajadores (sus trabajadores internos para ser más exactos) o no acudir a esa huelga por estar en desacuerdo con estos, pero que a vistas afuera sería un asentimiento a las políticas de un Gobierno que dícese socialista, pero que de socialista solo veo en él las siglas del partido que lo encumbró al poder. Una dicotomía claramente difícil. Apoyo a unos malos sindicatos o apoyo, no explícita pero sí tácitamente, a un Gobierno todavía peor…

Quizá deba ir a la manifestación, pero a una manifestación encabezada por ciudadanos, ciudadanos trabajadores y ciudadanos que hayan perdido su trabajo, con una pancarta que diga: “No al empleo precario, a unos sindicatos peores y al recorte de derechos por parte del peor de los Gobiernos”.
Lo meditaré con la almohada.



Firmado:

Un ciudadano asqueado como tú